En el mensaje político del gobernador Gabino
Cué al rendir su cuarto informe de gobierno en Oaxaca, hay una línea que
conviene subrayar en el contexto que vive el país: "No estamos dispuestos
a recurrir a las imposiciones, ni a utilizar la fuerza pública para acallar las
voces que disienten del gobierno, que expresan legítimos reclamos o demandan
atención a sus necesidades".
El problema de la declaración es el vacío:
Quién juzga qué es disentir de su gobierno, cuáles son legítimos reclamos y
cuáles son verdaderas necesidades.
En
un artículo publicado hace varios años a propósito de la democratización de
México, Roberto García Jurado, profesor de la UAM Xochimilco, critica la teoría
de la democracia de Samuel Huntington, uno de los autores contemporáneos más
reputados en la materia.
En
el análisis encontré este fragmento que
aplica a Oaxaca en particular aunque el autor esté refiriéndose a países:
"Las
transiciones democráticas que se han registrado en las últimas tres décadas
frecuentemente han creado gobiernos democráticos que han visto obstaculizada su
tarea de gobierno por las prerrogativas alcanzadas en regímenes anteriores por
parte del ejército, los sindicatos, las mafias y la burocracia. En estos
países, la democracia se ha visto restringida por la dificultad que existe para
ejercer el Estado de derecho en regímenes caracterizados por el cacicazgo, el
caudillaje y el clientelismo".
Por
una parte subrayo sindicatos y mafias que imponen bloqueos, plantones y afectan
derechos de terceros. Por otra parte, los tres últimos conceptos se
corresponden con una cultura política en la que sigue habiendo jefes informales
por encima de instituciones públicas; cada tanto se promueve un candidato como
el prócer de las esperanzas del pueblo; y finalmente prevalece la compra de
voluntades a través de una estructura compleja de relaciones de poder como la
sección 22 de la CNTE.
El lunes en el espacio de Carmen
Aristegui en MVS Radio corrió la versión de que el gobierno federal no va a
reprimir protestas hasta que haya muertos y entonces sea la propia sociedad
civil la que se lo demande. La aplicación del Estado de Derecho si hay
disturbios por la tragedia de Ayotzinapa o el escándalo de la casa del
presidente queda sujeta a que se cometan delitos graves.
Ante la inestabilidad del sistema
político y las protestas sociales la moneda está en el aire pese al vacío
conceptual: ¿Es mejor no intervenir como en Oaxaca?, qué es peor, ¿criminalizar
la protesta social o solaparla siempre?
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