Antidemocracia magisterial

Si nada cambia dentro de las próximas horas, el domingo siete de junio no habrá elecciones en el estado de Oaxaca. La sección 22 de la CNTE tomó las 11 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral, que desalojaron elementos del Ejército mexicano resguardando la papelería electoral. Además, cerró el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” y continuó el bloqueo a la planta de Pemex en El Tule, agotando el combustible de las estaciones de servicio de los Valles Centrales. Ya ni hablar del paro que deja sin clases a más de un millón 300 mil estudiantes, niños y jóvenes condenados a la educación pública de menor calidad del país.

La sección 22 no actúa como organización sindical sino como grupo de presión, y en democracia aun este tipo de grupos debe sujetarse a los arreglos institucionales para negociar. Ahí se encuentra el límite. Sin embargo, los maestros de Oaxaca ya lo rebasaron. Sus principales demandas están fuera del marco de la ley, pero también de lo aceptable para la sociedad civil. Cancelar la reforma educativa se mantiene como la principal demanda, de la que deriva la segunda: impedir la privatización de la educación pública, que paradójicamente solo ellos han logrado privatizar. Y por supuesto, impedir las elecciones porque todos los partidos políticos representan lo mismo.

De las demandas hay una que llama la atención por su fatal incongruencia. Exigen la liberación de cuatro secuestradores miembros de su gremial: Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalva, Damián Gallardo Martínez y Sara Altamirano Ramos. Junto con otras ocho personas, estos pseudo-profesores plagiaron el 14 de enero de 2013 a dos menores de edad sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, en el Ejido Guadalupe Victoria, al norte de la ciudad de Oaxaca. Los niños estuvieron secuestrados 140 días en una cisterna de una casa ubicada en el municipio de Cuilapam de Guerrero.

Es evidente que la sección 22 de la CNTE fija sus objetivos transgrediendo el Estado de Derecho. La máxima de las sociedades democráticas que se sujetan a él es que nadie puede estar por encima del imperio de la ley aun cuando ejerza puestos de autoridad. Las exigencias de los maestros de Oaxaca no solo están fuera del marco normativo sino que lo desafían y con ello confrontan, ya no al gobierno federal o al estatal, sino a la sociedad oaxaqueña. Asumirse como los portadores de un nuevo orden e iniciar una revolución chabacana al pretender impedir las elecciones del próximo domingo es el más grave error de cálculo en el que pudo incurrir la dirigencia que encabeza Rubén Núñez, un señor que basta escuchar un par de minutos para entender que si pasó por alguna escuela no fue para abrir un libro.

Es preciso señalar que no estamos frente a una organización monolítica. La sección 22 es un hervidero de grupos en busca de poder interno para repartir beneficios. No obstante, aun cuando haya pluralidad de opiniones y un buen número de maestros no esté de acuerdo con los métodos de lucha magisterial, finalmente se impone la voluntad de una minoría que, establecida en el control de todos los afiliados, los obliga a participar activamente para conseguir cualquier tipo de ascenso. La minuta del 92 en la que el entonces gobernador Heladio Ramírez le cedió amplias facultades del Estado sobre la educación, solo fue la formalización de una cultura del chantaje que puede valerse de cualquier bandera para exigir más prebendas.

Hay una contradicción de fondo en el movimiento magisterial que se declara democrático. Se ha vuelto la organización más antidemocrática que exista en el México de hoy. En sus asambleas generales hay una sombra de abstencionismo que evidencia su falta de legitimidad y el voto por parar clases e iniciar plantones está suficientemente dividido como para pensar que es un símil empobrecido de nuestras elecciones. Y sin embargo, aseguran que las cancelarán porque son una farsa. ¿Una farsa equivalente a la de que su movimiento es democrático? ¿Tan farsa como que son buenos maestros interesados en el bien común?

Un amigo que trabaja en el IEEPCO-OPLE me relató cómo fue el desalojo que sufrieron el pasado lunes primero de junio, cuando un grupo de encapuchados vinculado a la veintidós saqueó las instalaciones llevándose computadoras, impresoras, módems, y prendiéndole fuego a las instalaciones. “Llegaron los encapuchados muy agresivos. Destruyeron todo. Cabe mencionar que no tenemos nada que ver con el proceso federal pero literalmente nos dejaron en la calle”. Esa es la racionalidad de la protesta social que alaban y que nada tiene que ver con un fin democrático incluso si pasáramos por alto los medios. El cambio institucional, arreglos distintos entre actores políticos, es un continuo incremental en sociedades con alto valor social. Esto se logra principalmente con buena educación, pero en Oaxaca a la sección 22 le ocupa más el incendio de las instituciones.