Tres años de "Mover a México"

Con la nueva legislatura federal que toma posesión el próximo primero de septiembre se renovará la política mexicana. A casi la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, el saldo deja mucho que desear: crecimiento económico mediocre, la histórica depreciación del peso frente al dólar, crisis de seguridad incluida la fuga del Chapo Guzmán, alta percepción de corrupción gubernamental que alcanza al presidente y a su secretario de Hacienda, pero sobre todo hay un desencanto generalizado por lo que se anunció como la solución de fondo para el país y hoy parece diluirse en la retórica de los eventos oficiales: las reformas estructurales.

De por medio está la justificación de que estas reformas, siempre nombradas de “gran calado”, no mostrarían resultados inmediatos sino que su éxito sería evidente con el paso del tiempo. Es difícil que el público entienda los plazos que establece el gobierno tomando en cuenta la lentitud para su implementación en la esfera burocrática. Sin embargo, lo que preocupa es la indiferencia del propio gobierno hacia las demandas sociales, so pretexto de que cualquier crítica corresponde a quienes han visto afectados sus intereses y no a las mayorías que serán beneficiadas por ellas. El ejemplo más claro es la CNTE respecto a la reforma educativa, su oposición está motivada por la pérdida de privilegios y no porque esta reforma pudiera haberse hecho consultando a sectores más amplios. Por supuesto que la Coordinadora es el actor más afectado con los procesos de evaluación y promoción docente basados en el mérito y no en las relaciones clientelares, y era deseable que fuera así con base en el Bien Común. El asunto es que no hay una CNTE para cada reforma: la energética, la de telecomunicaciones, la fiscal, la financiera. Quizá por ello los portavoces peñanietistas han insistido tanto en que la más importante reforma fue la educativa pues es difícil que alguien se oponga al derecho de los niños y jóvenes a contar con una educación de calidad.

El informe presidencial insistirá que la aprobación de las reformas fue un paso histórico entre el México del letargo político y el de la construcción de consensos, con la particularidad de que ésta pasó por la conformación de un instrumento carente de representación popular: el Pacto por México. Bajo la lógica del gobierno que llega a la mitad del camino, lo urgente era “mover a México” mediante un gran rediseño institucional que permitiera abrir ventanas de oportunidad pospuestas durante largo tiempo. Salinas de Gortari se ganó el título de reformador por su política económica interesada en privatizar aquello que públicamente ya no era eficiente e integrar al país en la región de América del Norte, pero aquel gran impulso terminó con una devaluación terrible en 94, acompañada de una crisis política desatada por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Salinas prometió llevar a sus “compatriotas” al México de la modernidad y hoy, dos décadas después, la promesa, con diferente eslogan, permanece en el mundo de las ideas.

Detrás del evento presidencial al que acuden solo invitados especiales a escuchar una lista de logros y aplaudir cada estrofa del discurso, persiste un México de desigualdades cada vez más acentuadas, en el que la pobreza, según el Coneval, es la misma de 1992, cuando Salinas era presidente y había anunciado el gran programa social evidentemente populista de su administración: “Solidaridad”. A este programa le sucedieron “Progresa” con Ernesto Zedillo y “Oportunidades” con Vicente Fox y Felipe Calderón. Cada uno ha sido el marco para la administración de las acciones públicas que combaten la pobreza extrema y subrepticiamente un arma electoral de cada gobierno en turno, que valiéndose de la ignorancia de amplios sectores beneficiarios de algún apoyo condicionan su entrega a cambio de votos contantes y sonantes. El problema de la pobreza no se ha resuelto porque es imposible de resolverse si antes que entregar despensas y apoyos alimenticios no se generan capital humano y empleos bien remunerados en el marco de un Estado de derecho.

Cuando un país no garantiza el cumplimiento de la ley tampoco consigue ser competitivo. El Estado debe garantizar una cancha pareja para los jugadores y asumir que también el árbitro puede equivocarse y ser sancionado. La “casa blanca” del presidente, el affaire que le restó tanta credibilidad, no fue saldado con el despido de la periodista Carmen Aristegui de MVS. La respuesta oficial se encaminó a mostrar cierta preocupación en la figura de un nuevo secretario de la Función Pública que, como si se tratara de un fiscal especial en democracias avanzadas, investigaría al hombre que le dio el trabajo. No entiendo si alguien dentro del primer círculo del presidente de verdad creyó que la sociedad mexicana iba a creer solo con escucharlo que Peña Nieto no incurrió en un conflicto de interés con su contratista favorito. Pero tal parece que las reformas estructurales lo justifican todo: al presidente, a su equipo, la pobreza, la falta de crecimiento y lo demás. No importa que la gente de a pie no note los cambios, el informe es optimista, falta mucho por hacer, pero es esperanzador. Mueve a México.