Recientemente, el líder de
la secta radical islamista nigeriana Boko Haram, Abubaker Shekau, juró lealtad
al califa Ibrahim, nombre religioso de Abubaker al Bagdadi, comandante en jefe
del Estado Islámico, organización que ha irrumpido en el panorama internacional
por su violencia publicitada a través de vídeos colgados en la web, en los que
degüellan a prisioneros extranjeros. En un abierto desafío a la intervención de
Estados Unidos en Siria e Irak, los fieles a la yihad o guerra santa encienden otra vez la mecha del inestable
Medio Oriente. Por su parte, el Boko Haram promueve el odio en Nigeria; basta
recordar el secuestro cobarde de 200 niñas de una escuela en Chibock en abril
del año pasado.
Las dos organizaciones
tienen un rasgo en común que precede la violencia desmedida con la que se
promueven: la intolerancia religiosa.
Esa intolerancia religiosa
no es patrón exclusivo de grupos extremistas en la zona más conflictiva del
mundo. Se da, por igual, en nuestro país y en Oaxaca de manera reiterada. En San Juan Ozolotepec hay un antecedente
grave: la autoridad municipal mandó derribar la construcción del templo
pentecostés y linchar a sus miembros por ir contra la tradición del culto
católico. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió el
año pasado una recomendación al respecto, que evidencia la insuficiencia del
diálogo propuesto por la Secretaría General de Gobierno para enfrentar esta problemática.
La semana pasada recibí un
documento titulado “Acta de acuerdos”, en donde el presidente municipal
constitucional de San Francisco Sola de Vega,
Alejo Robles Pérez, junto con su Cabildo, se dirigen a dos ciudadanos de
este municipio aleñado al Distrito de Sola de Vela, en la Sierra Sur, apenas a
dos horas en carretera de la ciudad de Oaxaca, para comunicarles que ya no se
permitirá profesar otra religión “que no sea la religiosa de este municipio”.
Asimismo, el documento advierte que “si no acatan lo requerido por el pueblo,
se pasará a una reunión general para tomar otras medidas”. Añade que a partir
del veintidós de febrero del presente año “quedan clausuradas dos capillas
donde se profesa una religión diferente a la católica”. Firman, además del
citado, el síndico municipal Antonio Pérez Cruz y ocho regidores.
Las capillas a las que se
refiere este documento son dos domicilios particulares en los que se celebran
reuniones de cristianos evangélicos, por un lado, y testigos de Jehová, por
otro. La indignación, al parecer, es que los primeros se reúnen desde hace
apenas unas semanas en una casa que se encuentra en la misma calle que el
templo católico. Esto despertó el celo devocional del cura del lugar, ya que se
menciona en primer lugar de los solicitantes del documento referido a la orden
franciscana, seguida de comités que pertenecen a su parroquia. La situación es
alarmante, reflejo de la ignorancia de las leyes por parte de una comunidad que
paradójicamente acude a ellas para solicitar la clausura de dos domicilios
particulares, so pena de expulsar a sus habitantes si no se avienen al acuerdo.
Pero sobre todo es síntoma
de algo más grave: la intolerancia religiosa, tan cercana al odio, en un país
donde un oaxaqueño trascendió a su tiempo justamente por promover la
secularización del Estado. Benito Juárez tiene un lugar en la historia, antes
que por el heroísmo romántico con el que se le ha relacionado siempre, por su
defensa de la libertad de consciencia, de la que deriva la práctica del culto
que a uno le convenga.
La autoridad municipal de
San Francisco Sola de Vega está violando la Constitución, que en su artículo 24
establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones
éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su
agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones
o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta
penados por la ley”. Con ello no solo daña a los particulares que se ven
amenazados por un grupo religioso predominante, sino que falta al Estado de
Derecho.
El miedo a lo diferente ha
acompañado siempre a los seres humanos. A mediados del siglo pasado llevó a un
gobierno a emprender una “solución final a la cuestión judía”, el cual
exterminó a más de seis millones de judíos, y que conllevó también el asesinato
masivo de gitanos, eslavos, soviéticos, homosexuales, entre otras minorías.
Actualmente, ese miedo se publicita para sembrar terror cuando un verdugo
vestido de negro decapita inocentes en un desierto perdido en el mapa. No
obstante, ese miedo también acecha a familias que nos rodean, que viven en un
país supuestamente democrático y solo quieren practicar su fe, que por lo demás
no pretende molestar a nadie.
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