miércoles, 25 de marzo de 2015

Intolerancia religiosa en Sola de Vega


Recientemente, el líder de la secta radical islamista nigeriana Boko Haram, Abubaker Shekau, juró lealtad al califa Ibrahim, nombre religioso de Abubaker al Bagdadi, comandante en jefe del Estado Islámico, organización que ha irrumpido en el panorama internacional por su violencia publicitada a través de vídeos colgados en la web, en los que degüellan a prisioneros extranjeros. En un abierto desafío a la intervención de Estados Unidos en Siria e Irak, los fieles a la yihad o guerra santa encienden otra vez la mecha del inestable Medio Oriente. Por su parte, el Boko Haram promueve el odio en Nigeria; basta recordar el secuestro cobarde de 200 niñas de una escuela en Chibock en abril del año pasado.

Las dos organizaciones tienen un rasgo en común que precede la violencia desmedida con la que se promueven: la intolerancia religiosa.

Esa intolerancia religiosa no es patrón exclusivo de grupos extremistas en la zona más conflictiva del mundo. Se da, por igual, en nuestro país y en Oaxaca de manera reiterada.  En San Juan Ozolotepec hay un antecedente grave: la autoridad municipal mandó derribar la construcción del templo pentecostés y linchar a sus miembros por ir contra la tradición del culto católico. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió el año pasado una recomendación al respecto, que evidencia la insuficiencia del diálogo propuesto por la Secretaría General de Gobierno  para enfrentar esta problemática.

La semana pasada recibí un documento titulado “Acta de acuerdos”, en donde el presidente municipal constitucional de San Francisco Sola de Vega,  Alejo Robles Pérez, junto con su Cabildo, se dirigen a dos ciudadanos de este municipio aleñado al Distrito de Sola de Vela, en la Sierra Sur, apenas a dos horas en carretera de la ciudad de Oaxaca, para comunicarles que ya no se permitirá profesar otra religión “que no sea la religiosa de este municipio”. Asimismo, el documento advierte que “si no acatan lo requerido por el pueblo, se pasará a una reunión general para tomar otras medidas”. Añade que a partir del veintidós de febrero del presente año “quedan clausuradas dos capillas donde se profesa una religión diferente a la católica”. Firman, además del citado, el síndico municipal Antonio Pérez Cruz y ocho regidores.

Las capillas a las que se refiere este documento son dos domicilios particulares en los que se celebran reuniones de cristianos evangélicos, por un lado, y testigos de Jehová, por otro. La indignación, al parecer, es que los primeros se reúnen desde hace apenas unas semanas en una casa que se encuentra en la misma calle que el templo católico. Esto despertó el celo devocional del cura del lugar, ya que se menciona en primer lugar de los solicitantes del documento referido a la orden franciscana, seguida de comités que pertenecen a su parroquia. La situación es alarmante, reflejo de la ignorancia de las leyes por parte de una comunidad que paradójicamente acude a ellas para solicitar la clausura de dos domicilios particulares, so pena de expulsar a sus habitantes si no se avienen al acuerdo.

Pero sobre todo es síntoma de algo más grave: la intolerancia religiosa, tan cercana al odio, en un país donde un oaxaqueño trascendió a su tiempo justamente por promover la secularización del Estado. Benito Juárez tiene un lugar en la historia, antes que por el heroísmo romántico con el que se le ha relacionado siempre, por su defensa de la libertad de consciencia, de la que deriva la práctica del culto que a uno le convenga. 

La autoridad municipal de San Francisco Sola de Vega está violando la Constitución, que en su artículo 24 establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”. Con ello no solo daña a los particulares que se ven amenazados por un grupo religioso predominante, sino que falta al Estado de Derecho. 


El miedo a lo diferente ha acompañado siempre a los seres humanos. A mediados del siglo pasado llevó a un gobierno a emprender una “solución final a la cuestión judía”, el cual exterminó a más de seis millones de judíos, y que conllevó también el asesinato masivo de gitanos, eslavos, soviéticos, homosexuales, entre otras minorías. Actualmente, ese miedo se publicita para sembrar terror cuando un verdugo vestido de negro decapita inocentes en un desierto perdido en el mapa. No obstante, ese miedo también acecha a familias que nos rodean, que viven en un país supuestamente democrático y solo quieren practicar su fe, que por lo demás no pretende molestar a nadie. 

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